Investigador responsable: Bruno Benevit
Título original: El impacto de las elecciones de distrito ordenadas por los tribunales en las finanzas de la ciudad
Autor: Richard T. Boylan
Lugar de intervención: Estados Unidos
Tamaño de la muestra: 1.724 municipios
Sector: Economía del Sector Público
Variable de Principal Interés: Asignación del gasto público
Tipo de Intervención: Elección distrital
Metodología: DID
Resumen
Los arreglos institucionales influyen en la definición de cómo se lleva a cabo la gestión pública. En este sentido, las reglas electorales son decisivas tanto para la representación de la población como para la forma en que se asignan los recursos públicos. Para evaluar cómo las transiciones de las elecciones generales a las distritales afectan la gestión pública, este estudio examinó las reformas en las elecciones de consejos municipales implementadas por los tribunales de justicia en los Estados Unidos a partir de la década de 1970. Si bien estas reformas se implementaron con el objetivo de mejorar la representación de las minorías, Los resultados identificados revelaron que tales reformas indujeron la aparición del problema del fondo común, es decir, las ciudades que adoptaron elecciones de distrito aumentaron su gasto en áreas fuera de infraestructura. El artículo también sugiere que este cambio puede ser duradero, destacando el conflicto potencial entre los objetivos de representación equitativa y una gobernanza eficiente.
El arreglo institucional juega un papel central en la gestión pública, definiendo las reglas y mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones políticas y cómo se asignan los recursos. La forma de elección influye directamente tanto en la representación de los votantes como en la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, que puede tener lugar, entre otras formas, en un formato at-large En las elecciones generales, todos los votantes de la ciudad votan para elegir a todos los miembros del consejo. En esta modalidad, los representantes tienden a centrarse en políticas de interés más amplio. En las elecciones distritales, los representantes son elegidos por distritos específicos y, por lo tanto, tienden a centrarse más en las demandas de sus regiones, lo que puede aumentar la representación local, pero también generar conflictos distributivos dentro de la ciudad (BOYLAN, 2019).
Entre estos conflictos, el problema del fondo común representa uno de los posibles conflictos fomentados por el formato de las elecciones distritales. Según el autor, cuando los concejales municipales son elegidos por distritos, tienden a valorar más los beneficios del gasto público en sus áreas que los costos totales para la ciudad (BOYLAN, 2019). Esto ocurre porque cada representante internaliza sólo una fracción de los costos totales del gasto, pero recibe todos los beneficios para su distrito. Los representantes tienen un incentivo para promover un mayor gasto en sus regiones, lo que puede conducir a un aumento del gasto público, especialmente en áreas fuera de la infraestructura, como diversos servicios públicos.
Por tanto, la adopción de elecciones distritales puede tener efectos duraderos en la gestión pública. Estos efectos pueden ser diferentes cuando dicho formato es impuesto por decisiones judiciales para corregir desigualdades electorales, ya que las razones para la imposición de estas decisiones pueden estar asociadas con diferentes aspectos institucionales de las localidades que adoptaron voluntariamente elecciones distritales. Esto refleja tanto un posible conflicto entre los objetivos de mayor representación política de las minorías y eficiencia en la gestión pública, como el papel de las instituciones electorales en la definición de estas dinámicas. Por lo tanto, es importante equilibrar la búsqueda de una representación equitativa con la necesidad de evitar gastos excesivos resultantes del problema del fondo común.
La cronología institucional de las elecciones en Estados Unidos estuvo fuertemente influenciada por la lucha por los derechos civiles, buscando incrementar la participación de las minorías en el proceso electoral. En 1964, sólo el 38% de la población negra en edad de votar en los estados del sur estaba registrada. Esta baja participación se debió a políticas locales y estatales que impedían la votación, como las pruebas de alfabetización. La Ley de Derecho al Voto de 1965 prohibió muchas de estas prácticas, lo que provocó un aumento significativo del número de votantes negros. En respuesta, algunas ciudades cambiaron sus reglas electorales para mantener el control político, transformando las elecciones distritales en generales. A partir de 1975, este movimiento comenzó a ser impugnado ante los tribunales, donde los tribunales comenzaron a declarar inconstitucionales las elecciones generales en municipios con antecedentes de discriminación contra las minorías.
En este contexto, la adopción de elecciones distritales en los municipios americanos podría ocurrir de dos maneras: voluntaria o por orden judicial. En el caso de las ciudades donde las elecciones distritales eran requeridas judicialmente, el objetivo era corregir prácticas discriminatorias que, a través de elecciones generales, impedían que las minorías tuvieran representación proporcional en los concejos municipales. Por otro lado, hubo casos en que las ciudades adoptaron elecciones de distrito voluntariamente, como una forma de anticipar cambios demográficos o reformar la administración local, a menudo motivados por el temor a futuras intervenciones judiciales. Aunque los mecanismos fueron diferentes, ambos casos resultaron en la implementación de sistemas electorales distritales, afectando directamente la composición de los consejos y la distribución del poder.
En el estudio, las ciudades se clasificaron según sus características demográficas, económicas y regionales. Las ciudades que celebraron elecciones generales tendieron a experimentar un mayor crecimiento del ingreso medio y estaban ubicadas principalmente fuera del sur de Estados Unidos, donde había menos presión judicial. Las ciudades que adoptaron elecciones de distrito ordenadas por los tribunales generalmente tenían poblaciones negras más grandes, estaban ubicadas en estados del sur y tenían un menor crecimiento económico. Esta diferenciación regional y socioeconómica resalta la heterogeneidad de estos municipios, indicando diferentes efectos de las reformas electorales sobre el nivel de gasto público y la distribución de recursos entre diferentes tipos de ciudades.
Este estudio se basó en una base de datos de 1.809 ciudades que en algún momento eligieron miembros de sus concejos municipales mediante elecciones generales entre 1965 y 1974. En esta muestra, la primera adopción de elecciones distritales ocurrió recién en 1973. Además, se verificó si estas las ciudades adoptaron elecciones de distrito hasta 2002 y si esta adopción fue impuesta por orden judicial o adoptada voluntariamente. Para los análisis, la variable de principal interés consideró si la mayoría de los concejales fueron elegidos por distritos.
El proceso de ejecución de órdenes judiciales se refiere a intervenciones mediante decretos judiciales, acuerdos judiciales o acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en ciudades cubiertas por la sección 4 de la Ley de Derecho al Voto . También se tuvieron en cuenta las adopciones voluntarias de elecciones distritales, aunque a menudo se produjeron bajo la amenaza implícita de acciones legales o la amenaza de pérdida de representación futura por parte de la población blanca (TREBBI; AGHION; ALESINA, 2008).
Las métricas utilizadas por el autor para evaluar el impacto de las elecciones distritales se centran en la variación del gasto municipal entre 1977 y 2002, utilizando datos fiscales del Censo de Finanzas Estatales y Locales de Estados Unidos . Así, se observó gasto en infraestructura, no relacionado con infraestructura, policía, bomberos, carreteras, asistencia social y de salud, servicios públicos y otros. Las ciudades que contaban con servicios públicos, como hospitales y empresas de electricidad, a menudo tenían gastos muy volátiles, lo que dificultaba las comparaciones directas con otras ciudades. Para reducir la volatilidad en los datos de gasto, el autor ajustó las cifras restando el gasto en electricidad y hospitales, dado que estos gastos representaban una porción significativa (más del 80%) del gasto corriente en algunas ciudades. Los datos de gasto estatal también se consideraron como una prueba de solidez, además de otras medidas demográficas de las ciudades según datos del censo de 1970 a 2010.
Para analizar el impacto de las elecciones distritales en el gasto municipal, se creó un modelo utilizando una variable dependiente que capturó la variación del gasto per cápita entre 1977 y 2002 en términos logarítmicos. Como variable explicativa, se consideró un indicador para las ciudades que habían adoptado elecciones distritales hasta 2002. Además, las variables de control incluyeron cambios en la población, el ingreso medio y la proporción de población negra durante el período.
Además del modelo base, se utilizó un modelo basado en percentiles, que comparó ciudades con niveles de gasto similares durante el período, con el objetivo de capturar diferencias en el comportamiento del gasto. Además, también se realizó un análisis considerando el momento en que se adoptaron las elecciones distritales, diferenciando entre ciudades que habían implementado el sistema antes y después de 1986, año en que los cambios legales alteraron las condiciones de discriminación que enfrentaban las minorías en los contextos electorales.
El estudio también presenta una serie de pruebas de robustez para investigar posibles variables omitidas que podrían influir en los resultados. Primero, se evaluó la hipótesis de que las políticas progresistas ya existentes en las ciudades tratadas podrían haber anticipado cambios en las reglas electorales. Para ello, se analizó la variación del gasto per cápita entre 1967 y 1977. Además, se examinó si las elecciones distritales impuestas judicialmente, menos influenciadas por agendas progresistas, impactaron el gasto. Otro análisis consideró la hipótesis de que los avances en los derechos civiles de las minorías explicaban el aumento del gasto, utilizando indicadores como planes de abolición de la segregación escolar, cambios en la participación electoral y segregación residencial. El autor también probó si la demanda de mayor gasto no relacionado con infraestructura, común entre ciudades del mismo estado, podría estar correlacionada con las elecciones de distrito. Así, el gasto estatal fue analizado como una variable externa.
Finalmente, el análisis utilizó el estimador semiparamétrico de diferencias en diferencias (DID), ponderando las ciudades de control en función de la probabilidad de adoptar elecciones distritales en función de sus características. El modelo consideró como variables de selección la proporción de población negra en 1977, si la ciudad estaba bajo la jurisdicción de la sección 4 y el crecimiento de la población, los ingresos y la población negra. Se examinaron los impactos de las elecciones distritales y ordenadas por tribunales en el gasto no relacionado con infraestructura, comparando asignaciones entre categorías como protección contra incendios y carreteras.
Los resultados de los principales análisis indicaron que las elecciones de distrito aumentaron el gasto municipal no relacionado con infraestructura en un 9,1%. Según el autor, estos gastos indicaron un ajuste de las ciudades inicialmente con menores gastos. En 1977, las ciudades con órdenes judiciales gastaron un 10% menos que las ciudades con elecciones generales, aunque alcanzaron niveles similares en 2002, incluso con una caída en el ingreso medio. Además, al evaluar el gasto en percentiles, se observó que las elecciones distritales elevaron la posición percentil de las ciudades en 6 puntos, lo que confirma que dichas elecciones impulsaron el gasto no relacionado con infraestructura.
En cuanto a las pruebas de robustez, los resultados mostraron que las elecciones distritales aumentaron el gasto municipal no relacionado con infraestructura. El modelo que utilizó percentiles indicó que estas elecciones incrementaron la posición del gasto municipal en 6 puntos porcentuales. Al comparar las ciudades que adoptaron elecciones distritales antes y después de 1986, se observó un aumento del gasto del 11% en las adopciones anteriores y del 6,8% en las posteriores, aunque sin una diferencia estadísticamente significativa.
En cuanto a las pruebas de robustez relacionadas con posibles impactos de temas sociales y agendas progresistas preexistentes, los resultados mostraron que el impacto de las elecciones distritales en el gasto está relacionado con la forma en que se eligen los miembros del consejo, alineándose con el problema subyacente de representación común o minoritaria en la junta. .
En cuanto a las estimaciones del modelo DID, la evidencia indicó que las elecciones distritales aumentaron el gasto municipal no relacionado con infraestructura. Además, los resultados mostraron que las elecciones de distrito ordenadas y no ordenadas por un tribunal tuvieron impactos similares en el gasto general, pero asignaron recursos de manera diferente, con mayor énfasis en la protección contra incendios y menos en las carreteras. El gasto en salud y asistencia social se vio menos afectado, posiblemente debido al menor tamaño de la muestra y a la administración de estos programas a nivel estatal.
En este artículo, el autor analizó los efectos de las elecciones distritales en el gasto municipal, utilizando varios enfoques empíricos para evaluar cómo los cambios en el sistema electoral impactan la asignación de recursos públicos. Los resultados indicaron que las elecciones distritales aumentaron el gasto no relacionado con infraestructura y cambiaron su composición, priorizando categorías como la protección contra incendios sobre las inversiones en carreteras. Además, se encontró que los efectos observados fueron consistentes tanto en las ciudades que adoptaron el sistema por imposición judicial como en aquellas que realizaron la transición de forma voluntaria.
La evidencia de este estudio ofrece un apoyo importante para la formulación de políticas públicas, destacando el papel del sistema electoral en la gestión del gasto público. Considerando la relevancia de las decisiones presupuestarias para el bienestar de la población, se pueden desarrollar políticas que promuevan una planificación más eficiente de la asignación de recursos con base en los impactos identificados de las elecciones distritales.
Referencias
BOYLAN, RT El impacto de las elecciones de distrito ordenadas por los tribunales en las finanzas de la ciudad. La Revista de Derecho y Economía , vol. 62, núm. 4, pág. 633–661, noviembre. 2019.
TREBBI, F.; AGHION, P.; ALESINA, A. Reglas electorales y representación de minorías en ciudades de Estados Unidos * . Revista trimestral de economía , vol. 123, núm. 1, pág. 325–357, febrero. 2008.
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