El Grupo de Investigación en Improbidad Administrativa del IDP realizó un debate el día 4 de mayo, en la sede de la institución, con la presencia del coordinador del grupo, profesor Rafael Araripe Carneiro, el Ministro del Tribunal Superior de Justicia Napoleão Nunes Maia Filho, además del Consultor Jurídico por la Confederación Nacional de Municipios (CNM), Dra. Joanni Henrichs.

El profesor Rafael Araripe Carneiro inauguró el evento presentando el objetivo del grupo de consolidar datos empíricos sobre acciones de improbidad administrativa. El profesor destacó que la Ley núm. 8.429/92 es una herramienta importante para combatir prácticas graves contra la Administración Pública, pero en los últimos años han aumentado las críticas por el uso excesivo de acciones de improbidad contra faltas formales o irregularidades menores. Así, el profesor destacó la necesidad de recoger elementos objetivos sobre la improbidad administrativa, cuya gran repercusión en el ámbito electoral refuerza su importancia.

A continuación, Joanni Henrichs, Consultora Jurídica del CNM, presentó los resultados parciales de la investigación elaborada a partir de las preguntas formuladas por el grupo IDP. Datos preliminares indican que el mayor número de acciones de mala conducta contra alcaldes involucran principios de la administración pública (46,5%), mientras que los casos de enriquecimiento ilícito representan sólo el 8,8%. La investigación preliminar también muestra que el 21,6% de las acciones de mala conducta contra alcaldes involucran menos de 10 mil reales y el 22% se encuentran en el rango entre 10 mil y 50 mil reales. La investigación también indica que el 42% de los casos que llegaron a los Tribunales Superiores tuvieron sus sentencias modificadas y que el 72% de los alcaldes entrevistados afirmó que las acciones de improbidad tienen un impacto alto o medio en la implementación de las políticas públicas municipales.

El ministro Napoleão Nunes Maia Filho felicitó al grupo por elegir el tema actual y controvertido, y destacó la necesidad de obtener datos empíricos para comprender el estado del arte de la improbidad administrativa. El Ministro también presentó sentencias de la Sección Primera del STJ que, a su juicio, indican una distorsión del concepto de improbidad, que sólo debe ser utilizado para reprimir actos de deshonestidad y mala fe.

Aquellos interesados ​​en unirse al grupo deben escribir al siguiente correo electrónico: parca.tulio@gmail.com.